El matrimonio gay, en manos de la Corte

Dos mujeres que reclaman casarse presentaron un recurso ante la Corte, luego de que las instancias judiciales inferiores rechazaran ese derecho. Ahora, el tribunal debe decidir si le da curso y, en ese caso, expedirse sobre la inconstitucionalidad de los artículos del Código Civil que impiden el matrimonio entre homosexuales.

Por Bruno Bimbi

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene ya en sus manos un recurso de queja por el que deberá decidir si admite para su tratamiento el primer amparo presentado en la Argentina por una pareja de mujeres lesbianas que reclama por su derecho a casarse. En caso de admitir el recurso, la Corte deberá luego decidir sobre la cuestión de fondo, con lo que podría abrirse la puerta a la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo en la Argentina.

María Rachid y Claudia Castro llegaron en febrero del año pasado al Registro Civil porteño y solicitaron turno para su boda. Ante la negativa de las autoridades, la pareja presentó un recurso de amparo en la Justicia Nacional en lo Civil de Familia, patrocinada por los abogados de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, que agrupa a cerca de treinta organizaciones de todo el país. Rachid, activista lesbiana del grupo La Fulana, es presidenta la Federación.

El reclamo contó desde el primer día con el respaldo del Inadi. Su presidenta, María José Lubertino, lo explicó así a Página/12: “Todas las personas deben tener los mismos derechos, en este caso el derecho a formar una familia. Esperamos que haya un debate democrático en el Parlamento y respaldamos también la estrategia de recurrir a la vía judicial, ya que el objetivo de estas acciones es la plena vigencia de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos”.

El recurso que ahora llegó a manos de la Corte reclama la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 172 y 188 del Código Civil. Si bien ese código no prohíbe expresamente los matrimonios entre personas del mismo sexo, estos artículos crean obstáculos que impiden su realización. El artículo 172 establece que “es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por hombre y mujer”, y el artículo 188, que los futuros esposos declararán que “quieren tomarse respectivamente por marido y mujer”.

Al impedir a una pareja de lesbianas acceder al matrimonio, la legislación actual está violando, según las demandantes, el principio de igualdad ante la ley, consagrado en la Carta Magna, ya que “establece una distinción entre ciudadanos de primera y segunda categoría, otorgando a los primeros el uso y goce plenos de los derechos constitucionalmente garantizados, y a los segundos sólo algunos de ellos”.

Los argumentos del amparo recuerdan que en la reforma constitucional de 1994 se incorporó a la Constitución una serie de tratados internacionales de derechos humanos. Entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que “el matrimonio debe contraerse con el libre consentimiento de los futuros cónyuges”, sin hacer distinción de sexos. Por su parte, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre dice en su artículo 6 que “toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la sociedad, y a recibir protección para ella”. Estas normas de protección de la familia y del derecho a contraer matrimonio se repiten en varios de los tratados con jerarquía constitucional, y todos ellos contienen también cláusulas antidiscriminatorias que obligan a los estados parte a reconocer la igualdad plena de derechos de todas las personas sin discriminación de ningún tipo.

“La Constitución nacional, tanto en su texto como en el de los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a la misma, garantiza el derecho de las personas a contraer matrimonio y fundar una familia. No hay, ni en la Carta Magna ni en los tratados, ninguna definición de familia que limite la acepción del término a la unión entre un hombre y una mujer. Tampoco hay prohibición alguna respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo”, explicó a Página/12 el abogado de la Federación Argentina LGBT, Gustavo López.

El recurso de amparo de María y Claudia fue el primero de este tipo en el país, pero no el único. El representante de artistas Alejandro Vanelli y el actor Ernesto Larrese, que son pareja hace más de treinta años, sumaron su participación en la campaña de la Falgbt con una acción judicial de idénticas características. Y en febrero de este año se sumó una pareja rosarina: Martín Scioli y Oscar Marvich se presentaron en el Registro Civil de su ciudad, acompañados por legisladores y personalidades de la cultura, para pedir turno para su matrimonio. Ante la negativa, también recurrieron a la vía judicial para poder casarse.

El amparo de María y Claudia fue el primero en llegar a la Corte Suprema, a partir de un recurso de queja presentado por los abogados Gustavo López, Florencia Kravetz y Analía Más contra la negativa de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de conceder el recurso extraordinario federal. La Cámara ya había convalidado el fallo dictado en primera instancia por la jueza María Bacigalupo, quien negó el derecho de la pareja a casarse aduciendo que “el matrimonio es y ha sido la institución que protege la unión heterosexual de la que nacerán nuevos miembros (los hijos) para que la sociedad no se extinga”. En un fallo plagado de argumentos de derecho canónico, la jueza citaba al prestigioso constitucionalista Andrés Gil Domínguez para justificar su decisión, tomando palabras de un libro en el que el jurista explica que la legislación actual prohíbe los matrimonios homosexuales. La jueza olvidó, sin embargo, mencionar que en el mismo texto, párrafos después, Gil Domínguez afirma que esa prohibición es inconstitucional.

Ahora, el matrimonio homosexual está en manos de la Corte. Los jueces y juezas del máximo tribunal deberán decidir si aceptan el recurso y, de aceptarlo, resolver sobre la cuestión de fondo. Si declararan la inconstitucionalidad de los artículos 172 y 188 del Código Civil, se abriría la puerta a la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo en el país, como ya ocurre en España, Canadá, Sudáfrica, Bélgica, Holanda y Reino Unido. En Suecia, Cuba y otros países, las reformas legislativas para legalizarlos se encuentran ya avanzadas.

Dos casos internacionales pueden ser un antecedente para lo que decida la Corte argentina. En Sudáfrica y Canadá, el matrimonio entre personas del mismo sexo llegó de la mano de fallos judiciales, al final de un camino igual al que desde el año pasado, en pleno Día de los Enamorados, comenzaron a recorrer María y Claudia.

Publicado en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-99810-2008-02-28.html

Comunicado de la FALGBT

Acerca de las afirmaciones ofensivas y discriminatorias de la diputada PROcesista Nora Guinzburg.

La diputada nacional del PRO Nora Guinzburg, ha expresado en una columna de opinión para la revista Veintitrés que “no entiende” por qué lesbianas, gays, bisexuales y trans luchamos por nuestros derechos humanos, por la plena vigencia de la Constitución Nacional, por la no discriminación y por la plena igualdad jurídica.

Según la diputada macrista, somos “una minoría caprichosa”, que no acepta que en las sociedades “gobiernan las mayorías”. Por otra parte, haciendo gala de su profunda ignorancia, la legisladora afirma que “los homosexuales tienen una discapacidad para tener hijos”.

No nos sorprenden estas afirmaciones de una diputada que en 2006 se negó a asistir a la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación en la que se repudió el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, afirmando que no estaba “obligada a soportar la violencia moral” que dicho repudio le causaba. No nos sorprenden de quien se opuso también a la ley que incluyó en el Código Penal el delito de desaparición forzada de personas. No nos sorprenden de quien fue la única diputada de la comisión de Legislación Penal que votó en contra de la reforma al Código de Justicia Militar que, entre otras importantes reformas, eliminaba las sanciones homofóbicas con las que se condenaba a los militares homosexuales. Según su particular visión de la realidad, dicha reforma era "un paso más en la destrucción de las Fuerzas Armadas".

No nos sorprenden estas declaraciones cuando el Gobierno de la Ciudad avanza en políticas represivas contra nuestra comunidad. En las últimas semanas, hemos sufrido el patoterismo de los inspectores porteños en el centro cultural Casa Brandon y en el Club de Osos de Buenos Aires. En este último caso, dos patrulleros, un Taunus “de civil” de la Policía Federal, un vehículo del GCBA, tres inspectores y siete policías estuvieron durante horas en la puerta de la sede social de esta institución para clausurar una cena de cumpleaños, amenazando con hacer un listado de nombres y documentos para “identificar” a todos los comensales. Esta avanzada ya se había insinuado durante la transición, cuando por primera vez el Gobierno de la Ciudad obstaculizó la realización de la Marcha del Orgullo de Buenos Aires.

En esta ciudad que empieza a no estar buena, las afirmaciones ofensivas de una diputada que ha defendido a la dictadura y pertenece a un partido que se caracteriza por sus acciones discriminatorias no pueden sorprendernos.

Sostener como argumento contra los derechos humanos de una minoría que “en las sociedades gobiernan las mayorías” y que pretender igualdad de derechos es “un capricho” no hace más que transparentar el desprecio por la democracia de la autora de tales afirmaciones. Seguramente Adolf Hitler o los criminales del Ku Klux Klan estarían de acuerdo con las palabras de la diputada, ya que ambos luchaban como ella contra “una minoría caprichosa” que, como nosotros y nosotras, pretendía tener iguales derechos y que se respete su dignidad humana, sin entender que “gobiernan las mayorías” (blanca, católica, heterosexual) y que “hay que saber adaptarse a la realidad”.

¡Cuánta ignorancia, señora diputada! Como bien dice usted, "matrimonio" viene del latín, ‘mater’, que significa madre. Lo que no dice es que ‘monium’ significa gravamen. Esto tiene que ver con una visión del matrimonio que nada tiene que ver con la actual, inclusive en el caso de los matrimonios heterosexuales, en los que ahora la mujer puede elegir quién será su marido y no existe más el pago de la “dote”. Pero si nos guiáramos por la etimología de las palabras, deberíamos negar a las madres la “patria potestad”, que viene de ‘pater’, porque antiguamente era un atributo exclusivo de los hombres. Y sólo los hombres deberían administrar el “patrimonio”, que también viene de ‘pater’, porque la mujer no tenía derechos patrimoniales. Es más, si fuéramos tan estrictos, el “salario” debería pagarse en sal. Sólo una visión sesgada por el afán discriminatorio puede abusar del análisis morfológico para justificar la violación del derecho constitucional de las parejas formadas por personas del mismo sexo a casarse y gozar de la misma protección para sus familias de la que gozan las parejas heterosexuales.

También dice la diputada que pretendemos cosas que no son ni fueron creadas para nosotros y nosotras. Nos preguntamos si también se opone al voto de la mujer, derecho creado para el hombre y del que, gracias a la lucha de muchas mujeres, hoy gozamos todos y todas.

Sin embargo, el colmo del absurdo es la parte en la que la diputada afirma que lesbianas y gays tenemos “una discapacidad para tener hijos”. La señora diputada desconoce la existencia de miles de parejas de gays y lesbianas en todo el mundo que tienen hijos o hijas, naturales o adoptivos. Miles de parejas de gays o lesbianas crían conjuntamente al hijo biológico de uno o una de sus miembros, así como miles de parejas de lesbianas recurren a la inseminación artificial u otros métodos para procrear, sin hablar de quienes recurren a la adopción. En los diferentes países donde el matrimonio entre personas del mismo sexo, la patria potestad compartida de los hijos e hijas y la adopción conjunta son legales, las sociedades han aprendido a convivir con estas familias y los mitos y prejuicios que alimenta desde su profunda ignorancia la señora diputada han desaparecido.

Las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans vamos a seguir luchando por nuestros derechos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronto resolver los recursos de amparo que distintas parejas de gays y lesbianas hemos presentado reclamando la declaración de inconstitucionalidad de la interpretación que se hace de los artículos del Código Civil que supuestamente nos impiden ejercer el derecho al matrimonio. Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación se encuentran pendientes de tratamiento proyectos de ley para reformar dicho código y eliminar los obstáculos inconstitucionales contra el ejercicio de dicho derecho.

Así como ya ha pasado en España, Holanda, Sudáfrica, Bélgica, Canadá, Suecia, algunos estados de los EE.UU., y como pronto sucederá en muchos otros países que están debatiendo reformas a su legislación, tarde o temprano, la Argentina superará estos obstáculos y reconocerá los mismos derechos con los mismos nombres para nuestras parejas. Tiempo después, sin dudas, las prohibiciones actuales serán vistas por nuestra sociedad con la misma extrañeza y vergüenza con las que hoy miramos las épocas de la desigualdad de derechos entre afrodescendientes y blancos, o las absurdas oposiciones al derecho de las mujeres a votar.

Las palabras de la diputada Guinzburg, si alguien todavía las recuerda, estarán en el lugar que la historia les asigna a los personajes más siniestros de la reacción contra el avance democrático y la igualdad entre los seres humanos.



FEDERACIÓN ARGENTINA DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES Y TRANS